Una Consejería de Medio Ambiente insostenible

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Once grupos piden a Zapatero que retire las competencias de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León por los continuos abusos inmobiliarios en zonas protegidas.

CONTRA LA URBANIZACIÓN DE QUITAPESARES. Manifestación en Palazuelos de Eresma (Segovia), contra la urbanización del monte Quitapesares promovido por Segovia 21 (Caja Segovia, la Cámara de Comercio y la Diputación). – Ecologistas en Acción Segovia
Once organizaciones ecologistas y naturalistas han pedido al Gobierno español que retire las competencias a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. Es la primera vez en la historia de las autonomías que se produce este hecho tan llamativo. Como llamativo es también que dicha consejería cuente a sus espaldas con varios escándalos en los que el concepto medioambiente va unido a especulación urbanística.

Navas del Marqués (Ávila), la Ciudad del Medio Ambiente (Soria), San Glorio (León), La Covatilla (Salamanca), Parque Arlanzón (Burgos), Numancia (Soria), Quitapesares (Segovia), entre un largo etcétera, son proyectos urbanísticos del Gobierno de Castilla y León, aprobados unos, impulsados otros por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad y por su consejera María Jesús Ruiz. Todos con similares características. Están ubicados en plena naturaleza, en espacios protegidos, y han sido puestos en marcha gracias a la descatalogación de las figuras que los protegen o al ardid de leyes que los definen de interés regional. El resultado: urbanizaciones, campos de golf y otros proyectos en lugares catalogados como protegidos por normativas autonómicas, estatales y comunitarias, impensables en cualquier otro país europeo.

Treinta años de mandato de la derecha en la Comunidad Autónoma, políticas caciquiles y leyes hechas a medida por los mismos políticos que impulsan los proyectos urbanísticos, han hecho posible que se continúe construyendo en los lugares más bellos de la región. El fiscal de Ávila pidió la imputación de María Jesús Ruiz, actual consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, por el caso de Las Navas del Marqués, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo archivó. Sin embargo, José Ángel Arranz, actual director general de Medio Natural, está imputado por la Ciudad del Golf; Mariano Torre, anterior director del Medio Natural, también imputado en el mismo caso, hoy es responsable del Medio en León, y sustituye en su cargo a otro imputado, José Luis Blanco, por prevaricación supuestamente cometida por no cerrar la mina de Feixolín en León tras diez sentencias judiciales sin cumplir. Además, el ex consejero de Medio Ambiente de la Junta hasta 1999, Francisco Jambrina, ha sido denunciado recientemente por el Seprona por el uso de cepos ilegales.

Especulación por Ley

La gota que ha colmado el vaso ha sido la protección del oso pardo cantábrico. El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ha firmado el manifiesto para que se retiren las competencias medioambientales a la Junta que preside Juan Vicente Herrera. El presidente de FAPAS, Roberto Hartasánchez, ha declarado a DIAGONAL que “la Junta tiene un plan de recuperación que no cumple. La situación es lamentable después de 18 años de recuperación del oso y miles de euros gastados. Entendemos que hay una dejación absoluta de la Consejería de Medio Ambiente y, acogiéndonos a la Constitución, pedimos al Gobierno que recupere esas competencias. El medio ambiente forma parte de nuestro patrimonio”, Hartasánchez, además, anuncia una entrevista de las organizaciones firmantes del manifiesto con la ministra de Medio Ambiente para después del verano.

La Ciudad del Medio Ambiente es uno de los proyectos estrella de la citada Consejería. Una macrourbanización de lujo maquillada por el nombre y situada en un paraje virgen, el Soto de Garray, a diez kilómetros de Soria, que fue aprobada por ley. Para Roque Ortega, portavoz de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), la política de la consejera “es un ejemplo de insostenibilidad. Lo único claro en esta mal llamada Ciudad del Medioambiente es la urbanización de un espacio protegido. La necesidad de viviendas no está justificada, Soria tiene un 35% de casas vacías y los pueblos están abandonados. En el Soto de Garray ya se han talado 3.000 pinos y no han deslindado todavía la cañada que atraviesa el Soto, permiten las perreras ilegales y no han regulado el vertedero”, señala Ortega. El proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente se encuentra en el Tribunal Constitucional ‘concluso y pendiente de resolución’. Si la decisión es desfavorable, sentará jurisprudencia y con ello frenaría está práctica.

Castilla y León (junto a algún caso en Murcia) es la única comunidad que aprueba proyectos urbanísticos por ley: de esta manera no puede intervenir el poder judicial. El PP, con mayoría absoluta, modificó la ley de ordenación del territorio castellano y leonés. El Boletín Oficial de la Comunidad de 18 de diciembre de 2006 recoge que “cuando se trate de un proyecto regional de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico la Junta podrá aprobarlo como proyecto de ley”. Numancia es una ciudadela celtíbera de más de 2.000 años que resistió los envites romanos y que, si nada lo remedia, tendrá casi encima un polígono industrial y viviendas. Los historiadores se echan las manos a la cabeza y ya se han entregado más de 12.000 firmas en contra. En otro pueblo de Soria, Almazán, la Consejería de Medio Ambiente aprobó una urbanización (500 viviendas y un campo de golf) en el interior de un monte de utilidad pública, descatalogando los terrenos. El Tribunal Superior de Justicia anuló la operación.

DIAGONAL ha intentado, sin éxito, hablar con la consejera María Jesús Ruiz. La responsable de prensa ha dicho respecto a la petición de las once organizaciones: “Para nosotros no es noticia, por eso la consejera no ha hecho declaraciones ni va a admitirlas. Además, ni siquiera esa petición ha tenido repercusión”. La petición fue publicada por varios medios de comunicación de ámbito estatal y regional.

Para Luis Oviedo, abogado de Ecologistas en Acción de Castilla y León, el objetivo del manifiesto es denunciar la política ambiental de esta Comunidad.“Este manifiesto ha tenido bastante trascendencia en todo el Estado, tenemos un medio natural bastante bien conservado, no por las actuaciones de la Junta, a quien lo único que le interesa del medio natural es el beneficio que pueda obtener. Ejemplos como el de la ampliación de la estación de esquí de La Covatilla en Salamanca o el parque Arlanzón en Burgos, con la construcción de 640 chalés, un hotel, un campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, 76 protegidas como monte público y lugares de importancia comunitaria y seis informes técnicos en contra. Otros nuevos, como la mina de Borobia, con toda la comarca en contra y el visto bueno de la Consejería, demuestran –dice Oviedo– que vale todo. Mucho cemento, mucho campo de golf, mucha urbanización y luego la foto. Para eso montan una fundación”, concluye Oviedo.

En julio, Miguel Ríos cantará en plena naturaleza en Gredos (ver recuadro). Los decibelios superarán la recién aprobada Ley del Ruido, según la cual sería inviable el concierto en un espacio determinado como “área de silencio” (art. 8 de la ley promulgada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 9 de junio 2009). Según el secretario de Medioambiente de CC OO de Ávila, Carlos Tomás Rodríguez, “sería más razonable en tiempos de crisis emplear ese dinero en la región”. El caché de Ríos ronda los 40.000 euros. Esta fiebre urbanizadora no sólo es promovida por la Consejería de Medioambiente, ayuntamientos y diputaciones de la región cuentan con todas las bendiciones. Más ejemplos, la pista de esquí de Tordesillas (Valladolid), o la urbanización de lujo prevista en el monte público de Quitapesares (Segovia), promovida por el ex presidente de la Diputación Atilano Soto.

Éstos y otros casos, como el envenenamiento masivo de fauna para erradicar la plaga de topillos en Palencia, la construcción de parques eólicos en León en zona del urogallo, o la mina de Feixolín, en Villablino (también en León), convierten a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León en insostenible.

Fuente: Periodico Diagonal – Ecologistas en Acción

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