Carlos Bravo, de Centaurea, asegura que los intereses urbanísticos en la zona «siguen bloqueando el proceso»

Valentín Cabero, responsable del equipo de la Universidad de Salamanca que ha redactado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la vertiente norte de la sierra de Guadarrama, dio por terminado el trabajo en octubre del 2006 y se lo entregó a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Casi año y medio después, el documento sigue en algún cajón de la Consejería, a la espera de que los responsables políticos decidan llevarlo al Consejo de Gobierno de la Junta para aprobarlo y sacarlo después a información pública.

Los citados trámites serán previos a la aprobación definitiva por las Cortes de Castilla y León y a la remisión del plan de ordenación al Ministerio de Medio Ambiente para que tramite la declaración del futuro parque nacional de la sierra de Guadarrama mediante la ley correspondiente, contando también con la propuesta de ordenación del lado sur que ya aprobó en el 2006 la Asamblea de Madrid y que, probablemente a la espera de que Castilla y León dé el paso que le falta, aún no ha sido ratificado por el Gobierno madrileño.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, trató de desbloquear la situación en septiembre del 2007 y reunió a los consejeros de Madrid y Castilla y León, pero el compromiso que salió de aquel encuentro para desatascar los trámites en unas pocas semanas, según declaró la responsable castellano y leonesa, María Jesús Ruiz.

Bloqueo

Los grupos ecologistas de las dos comunidades autónomas, que han reivindicado la declaración del parque nacional con las marchas de Allende Sierra (la última vez el pasado otoño) consideran que «lo que quieren los responsables políticos de las dos administraciones es bloquear el proceso». Una de las razones para que siga bloqueado el proceso de declaración serían «los intereses urbanísticos que pesan sobre la zona», como se puede apreciar en las prisas de todos los ayuntamientos de la zona afectada por la posible figura de protección por modificar sus normas subsidiarias (como Navafría, cuyo término municipal íntegro quedaría dentro del parque nacional, o El Espinar), y también por los proyectos que ya están en marcha, como los que están en distinto grado de ejecución en Palazuelos de Eresma o el proyecto de este ayuntamiento para construir una prensa en el río Cambrones que no sería posible con el parque nacional.

Los ecologistas apuntan que, además de los alcaldes que «no apoyan para nada el proceso de declaración», también ha habido tácticas dilatorias, como las empleadas por el consejero Carlos Fernández Carriedo en la legislatura anterior indicando que había mandado el documento elaborado por el equipo de Cabero a los ayuntamientos para consultarles después. «Pero ese documento no era el PORN ni nada sino unas líneas políticas con el contenido que querían dar al parque en el lado de Castilla y León, las 11.000 hectáreas que sólo afectarían a las cumbres, y ni siquiera se envió a los ayuntamientos», asegura Bravo.

El trámite que falta, pues, es sacar a información pública el PORN redactado por el equipo de la Universidad de Salamanca para que los ciudadanos planteen sus alegaciones y, en opinión de los grupos ecologistas, hacer un trámite especial de información pública para los ayuntamientos. Pero antes sería necesario que el documento lo aprobara la Junta de Castilla y León.

Después de estos trámites, el PORN tendrían que aprobarlo las Cortes regionales, que remitirían el documento al Ministerio para que tramite la ley de declaración del parque nacional.

Fuente: M. A. L. El Norte de Castilla